Reforma a la educación superior

Enrique Manzur

Si bien se había anunciado que este mes se enviaría al Congreso la reforma a la Educación Superior (ES), el gobierno accedió a las solicitudes de Rectores y Parlamentarios y lo postergó sin definir una nueva fecha de envío. Si bien esta postergación hace muy probable que la gratuidad 2017 vuelva a ser implementada a través de glosas en la Ley de Presupuestos, lo más importante es que la ampliación del plazo debiera permitir la construcción de un proyecto no solo más consensuado, sino también uno que asegure un mejor funcionamiento del sistema de ES. Claramente el énfasis debe estar en promover la calidad integral del mismo. En esta línea la creación de una Agencia de la Calidad debiera propender a que todas las instituciones cumplan criterios mínimos de acuerdo a estándares internacionales. Para ello, es necesario fortalecer el proceso de Acreditación y establecer su obligatoriedad.

A su vez, el Estado debe robustecer sus propias instituciones, particularmente las regionales, entregándoles el financiamiento necesario para garantizar su calidad y desarrollo. Resulta interesante constatar que en los países de la OCDE las universidades estatales representan más del 70% de la matrícula y en Chile menos del 25%. También se debe asegurar que todas las Instituciones provean información completa, válida y oportuna a los potenciales postulantes de manera que estos y sus familias puedan decidir qué y donde estudiar teniendo la mayor cantidad de antecedentes.

Una pregunta que aún genera debate es si la gratuidad debiera considerar algún grado de mérito académico además de la vulnerabilidad económica. En el proceso de admisión 2016 todo alumno nuevo perteneciente a los 5 primeros deciles, independientemente de su puntaje PSU o sus notas de Enseñanza Media (NEM), accedía a gratuidad en la medida que alguna institución lo aceptase. Incluso se dio la situación de que los estudiantes beneficiarios de gratuidad pero con menos de 450 puntos promedio PSU no podían postular en el Sistema Único de admisión (que incluye a las 25 universidades del CRUCh y 8 privadas). Sin embargo, sí podían hacerlo a 2 universidades privadas que no participan en dicho sistema pero que sí adscribieron a la gratuidad. La educación universitaria no es para todos. Los postulantes deben poseer un mínimo de capacidad, motivación y talento. Lamentablemente, la experiencia muestra que siempre habrá instituciones dispuestas a aceptar alumnos aunque no cuenten con las capacidades necesarias. Un ejemplo dramático de ello es lo que ocurría con las pedagogías antes de que se establecieran estándares mínimos de ingreso. Incluso si no se desea considerar la PSU, también existe el ranking y la NEM para realizar un matiz.

Por último, la creación de la Superintendencia de ES debiera permitir homogenizar el nivel de control y supervisión que hoy resultan casi asfixiantes para las Universidades Estatales y casi inexistentes para las Instituciones Privadas. Por ejemplo, se debiera establecer que todas las instituciones que reciben recursos del Estado, independientemente de su naturaleza jurídica, cumplan con las reglas de transparencia activa.